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La mora con la banca salvadoreña al momento de escribir este post no es un problema serio. De acuerdo a los datos suministrados por ABANSA en su más reciente informe publicado, la mora y los prestamos en general se encuentran 100% garantizados, de tal manera que todos podrían caer en el impago y la banca continuaría sus operaciones sin mayor alteración. Sin embargo, los problemas de ese 4% de morosos alimentan a toda una industria dedicada a la recuperación de esos créditos utilizando las más variadas estrategias que también hemos ya tratado antes en este blog.
La recuperación de la mora en fase administrativa es una gestión que debemos admitir falla por diversos motivos y provoca el congelamiento o impase afectando tanto al deudor como al acreedor y al final aporta un estancamiento en la economía ya que se impide el refinanciamiento de esas deudas o el acceso a nuevos créditos para las entidades y personas que logran recuperarse. La salida para esta situación, como hemos planteado ya, es definitivamente la creación de un marco legal, una ley de segunda oportunidad en El Salvador. ¿Qué elementos debería de contener esa ley?
Elementos que tienen que incluirse para estructurar una Ley de Segunda Oportunidad en El Salvador.
Para elaborar una ley de segunda oportunidad es importante tener en cuenta los siguientes elementos:
Definición de quiénes son los beneficiarios: La ley debe establecer quiénes son los sujetos que pueden acceder a los beneficios de la ley, es decir, quiénes son considerados como deudores.
Requisitos para acceder a la ley: La ley debe establecer qué requisitos deben cumplir los deudores para acceder a los beneficios de la ley. Por ejemplo, puede establecer que los deudores deben cumplir ciertos requisitos económicos o de conducta.
Proceso de solicitud: La ley debe establecer cómo deben presentarse las solicitudes para acceder a los beneficios de la ley y quiénes son los encargados de evaluar y decidir sobre las solicitudes.
Beneficios: La ley debe establecer qué beneficios ofrece a los deudores que cumplen con los requisitos y son aceptados para participar en el programa. Por ejemplo, puede establecer la reducción o la eliminación de deudas, la moratoria de pagos o la restructuración de deudas.
Duración del programa: La ley debe establecer durante cuánto tiempo estará en vigor y cuándo finalizará.
Seguimiento y evaluación: La ley debe establecer cómo se llevará a cabo el seguimiento y la evaluación del programa para medir su efectividad y determinar si es necesario realizar ajustes o modificaciones.
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