El poco interés de las Agencias de Información para poner en práctica las reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información de Crédito

Soy un convencido de que en este pequeño territorio habitado mayoritariamente por gente honesta y trabajadora, tenemos una variedad asombrosa de leyes que si tan solo se cumplieran de forma imparcial y al pie de la letra, estoy seguro que nuestro contexto social sería completamente diferente al actual, sin embargo como diría Hamlet: "He allí el dilema" ya que ese es precisamente nuestro "ser o no ser" como ciudadanos salvadoreños respecto a nuestros derechos.

Hace tan solo un par de semanas, decidí vivir la experiencia que en muchas ocasiones he aconsejado a mis lectores en centenares de ocasiones en los comentarios que  recibido a diario en mi blog: La de tomarse el tiempo de visitar las oficinas de atención al público de DICOM en San Salvador, ubicadas en el Centro Comercial Loma Linda para revisar su historial de crédito. Me tomé el tiempo y debo decir luego de mi experiencia que también fue la molestia de ir a ese lugar a fin de sondear de primera mano si ellos estaban dando cumplimiento a las recientes reformas realizadas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información del Historial de Crédito de las Personas en El Salvador. Debo confesar que no iba preparado mentalmente para lo que me esperaba. 

¿Tratar de ejercer un derecho te convierte en una persona prepotente?

Confieso que el motivo de mi visita a las oficinas de Equifax (DICOM) en San Salvador fue motivada por el morbo y la curiosidad. Yo quería darme cuenta de primera mano qué tan en serio las Agencias de Información de Crédito se estarían tomando la aplicación de las reformas aprobadas a su Ley Reguladora durante el pasado mes de diciembre del 2015. Me dí cuenta que al menos en ese lugar no hay urgencia por acatar las reformas que dicho sea de paso significan un avance importante en materia de protección al consumidor o cliente de líneas de crédito en El Salvador, sino que en realidad lo que existe es un espíritu de resistencia a las mismas disfrazado en el manto de la cultura del paso lento o a disgusto, en el "alargue" del tiempo, en la típica actitud nuestra de dejarlo todo para última hora con el "as bajo la manga" de incluso alegar cualquier tipo de excusa legal que colabore en ese sentido.

Si las reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información del Historial de Crédito de las Personas en El Salvador hubieran sido redactadas en favor de las Agencias y los demás entes económicos regulados, ¿Acaso de igual manera estuvieran marchando de forma tan lenta en su aplicación?

Que EQUIFAX a la fecha de mi visita no estuviera aplicando las reformas a la Ley Reguladora digamos que es un hecho aceptable ya que ciertamente es muy poco tiempo el que ha transcurrido desde la aprobación de las mismas. Además, como muy bien me recalcó el gestor de atención al cliente de Equifax, existe un período legal transitorio de 90 días que el mismo decreto de reformas establece para que las agencias pongan las pongan en práctica, sin embargo,  lo que sí no puedo pasar por alto y no deja de sorprenderme es la reacción que tuvo conmigo el agente de atención al cliente que me atendió al momento de hablarle respecto a uno tan solo de mis derechos contenido dentro de esas reformas legales.

Fue evidente que le resulté incómodo al momento de mencionarle que de acuerdo a las reformas, entre otros derechos, uno como consumidor o cliente puede solicitar se le extienda de forma gratuita y en frecuencia de 1 vez cada 4 meses una copia certificada del  Historial Crédito en el cual se detalle la lista de los entes económicos que han tenido acceso y con qué finalidad a ese Historial de Crédito en los últimos tres años.  Fue interesante ver cómo este personaje en lugar de darme una explicación menos frontal y diplomática se puso de inmediato a la defensiva personificando con su actitud de forma magistral el sentir en general que tiene DICOM respecto a las obligaciones que la ley le ordena cumplir para con nostros el público salvadoreño en las reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información. 

En medio de su reacción, el agente no dudó en sugerir que yo era un prepotente ya que si bien podría deducirse que yo me había informado del contenido de  las recientes reformas, al parecer solamente había investigado y leído respecto a un lado de la historia, es decir, solamente había leído sobre aquello que a mí como cliente me convenía conocer. De hecho yo he leído toda la ley y sus reformas, sin embargo me pareció que su argumento no era válido ya que se trataba precisamente de un ciudadano común y corriente tratando de ejercer un derecho adquirido legalmente. Además, les pregunto a ustedes, estimada audiencia ¿Acaso conocer nuestros derechos y ejercerlos como clientes no es algo naturalmente lógico y correcto?.

Es decir, yo como cliente voy a velar por mis intereses, sobre todo si ellos están legalmente respaldados.¿Qué maldad podría haber en esto?.  Sinceramente, yo no soy capaz de ver dónde está la ilegalidad, falta a la moral, indecencia o pecaminosidad en este hecho, sin embargo, sí creo poder ser capaz de entender el conflicto que podría surgir para DICOM y para todas las Agencias de Información y los Entes Económicos que están regulados con esta ley quienes ineludiblemente deberán darle cumplimiento a esos derechos en beneficio de nosotros los consumidores. Únicamente es desde esta perspectiva en la que podría yo concebir la incomodidad y la molestia de este señor. 

Sin más, el agente procedió a imprimir mi historial de crédito en un papel sin logo, simple. Le pregunté cuánto costaba que me diera uno certificado y me dijo que costaba $7.00 actualmente, pero que tal situación no era necesaria de realizarse ya que era básicamente la misma información. En este punto me preguntó insistentemente para qué necesitaba una copia certificada de ese documento, sin duda tenía mucha curiosidad de saberlo, mi respuesta estuvo limitada a decirle que era mi derecho así establecido en la ley como cliente tener una copia certificada de esa información. Seguro no lo convencí, porque se la pasó insistiendo que estaba de más pedirlo pero se notaba que quería información de la finalidad o uso que yo le daría a ese documento. Un documento certificado es tomado como válido en todo tipo de instancia privada o pública. 

En el epílogo de su magistral cátedra me aclaró que tal como lo establecen las mismas reformas de ley, todas las Agencias de Información tienen a partir de la promulgación de esas reformas 90 días para ponerlas en práctica, y que además la aplicación de las mismas dependían del desarrollo y redacción de la normativa técnica respectiva por parte del Banco Central de Reserva. Hizo énfasis además en que durante el correr de ese período cualquiera de las agencias reguladas estaba en capacidad de solicitar una prórroga de aplicación de las reformas ante la instancia correspondiente por los motivos que consideraren suficientes y justificables y que si dicha solicitud fuese admitida, el tiempo de aplicación se alargaría no solo para la Agencia solicitante sino para todas en conjunto.

A juzgar por mi experiencia vivida en este evento, me queda claro que al menos Equifax no tiene prisa y le apuesta al paso lento para poner en práctica las reformas que dicho sea de paso constituyen un avance muy importante en materia de protección al consumidor en nuestro país.

Aquí lo que queda únicamente es ejercer y exigir que se cumplan nuestros derechos. 

Si usted lee las reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información del Historial de Crédito, se convencerá al igual que yo, que ciertamente en su redacción hay avances importantes en la protección al consumidor. Estos avances lamentablemente, como yo lo he podido comprobar con mi visita a DICOM, podrían estar sujetos a una serie de reacciones adversas, a una resistencia de parte de las Agencias y de los Entes Económicos regulados en la ley, sin embargo, es innegable que esos avances son reales, legales y será nuestra tarea en convertirlos en exigibles a la vez. 

Está en usted y en mí el hacerlos valer. Recordemos que un derecho adquirido es una conquista y como dicen algunos: "Lo conquistado no se entrega".